Estamos cambiando la forma de buscar en internet, cada vez más consultas terminan sin clic alguno (zero click searches) porque la IA del buscador ya te da la respuesta que buscabas. También se empieza a pedir a las IAs que localicen, comparen, y que encuentren la mejor oferta de un producto. El paso siguiente es pedirle que lo compre por ti. Es lo que se ha venido a llamar «pagos agénticos», en los que un agente creado por nosotros paga también por nosotros, o incluso por sí mismo sin nuestra intervención en el momento del pago.
Pretendo dividir el tema en tres entradas. En esta primera abordaré los modelos principales de comunicación para pagos agénticos (seguro que me dejo algo, pero indico los más comunes). La segunda trataré de explicar cómo se autoriza al agente, y la tercera, cómo se valida el pago. Empiezo por los modelos para entender qué hace el agente en cada caso, quién interviene y qué derechos tiene el usuario.
Efi Pylarinou ha propuesto una distinción en pagos agénticos dependiendo de la intervención humana que me parece muy útil (Substack, 22-4-2026):
- Economía delegada. Un humano autoriza para gastar a un agente mediante un apoderamiento, a través de los circuitos financieros de siempre: su banco, su tarjeta, su billetera (infraestructura de pago). Lo importante aquí es la autorización, los límites de gasto y saber qué agente actúa y por cuenta de quién. Se trata de una autorización, previa autenticación del titular del medio de pago, con unos límites claros que encaja en la lógica del mandato (arts. 1709 y ss. CC: instrucciones, límites y exceso del art. 1714), aunque el agente no puede ser mandatario porque carece de personalidad jurídica: sus actos se imputan al titular. Ahora bien, las instrucciones quedan registradas en código (el permiso y el mandato firmados) y pueden cotejarse con lo que el agente contrató, lo que permite trazar quién responde. En paralelo están las relaciones de consumo del prestador de servicios de IA conforme a los arts. 114 y siguientes TRLGDCU, y habrá que ver el efecto de la transposición de la Directiva (UE) 2024/2853, que incluye el software.
- Economía de máquinas. El agente actúa como un actor económico propio sin scope (marco) verificable, se asemeja más a un script. Tiene su monedero, es autónomo y paga con dinero tokenizado (stablecoins) y liquida en segundos, a menudo a otros agentes y por importes de céntimos. Aquí, a mi modo de ver, sólo hay comunicación servidor – agente donde el pago es la prueba para navegar.
La clave es diferenciar si el agente actúa por delegación de una persona o como actor económico con un saldo asignado y sin límites que un tercero pueda verificar.
Modelo de la economía delegada. Pongamos que Alice quiere que su agente compre por ella. Alice se identifica ante su banco con autenticación reforzada (art. 4.30 de la Directiva (UE) 2015/2366) y concede a su agente un permiso limitado: por ejemplo, pagar hasta 200 € durante un mes para X artículo. El estándar técnico de referencia es «OAuth 2.0», un protocolo de autorización que puede llevar a código el consentimiento del art. 36 RDL 19/2018 y que permite a una aplicación actuar en nombre de un usuario sin conocer sus credenciales. Al final del proceso, que veremos en la próxima entrada, el agente recibe un token que es un permiso firmado por el banco que dice quién lo emite, en nombre de quién, para qué y hasta cuándo. Cuando paga, el agente no usa la tarjeta real de Alice, sino una credencial sustitutiva (un token de red) que solo funciona para ese agente. Pensemos en la tarjeta de un hotel: sabe que pertenece a la habitación 502 y que abre la piscina, pero poco más; el registro se hizo en recepción al llegar y la cuenta se liquida allí al salir. Sobre este modelo trabajan las redes y las grandes plataformas: Visa con su Trusted Agent Protocol, Mastercard con Agent Pay, Google con el protocolo AP2 (cedido en 2026 a la FIDO Alliance) o Stripe con Link. Todos comparten tres rasgos:
- Hay un intermediario regulado (banco, entidad de pago o de dinero electrónico) que custodia los fondos y cumple con la legislación de servicios de pago;
- El usuario se tiene que autenticar y tiene que intervenir al menos una vez, al autorizar, y el agente opera después dentro del límite;
- La operación viaja por la infraestructura de tarjetas o bancaria, con sus reglas de devolución y contracargo.
Conviene precisar quién está regulado en este modelo. El proveedor del agente no presta, en principio, un servicio de pago: no custodia fondos ni ordena transferencias desde la cuenta de Alice, sino que usa una credencial de tarjeta emitida por su banco. No es, por tanto, sujeto obligado de la Ley 10/2010; la identificación de Alice (KYC) la hace su banco. Distinto sería que el agente ordenara transferencias desde la cuenta de Alice a través de las interfaces de la PSD2: eso es un servicio de iniciación de pagos, que exige autorización como entidad de pago.
El pago entre máquinas (HTTP 402). Es el modelo de la economía de máquinas y, aunque ahora suena novedoso, existe desde hace unos 30 años: el código 402 quedó reservado «para uso futuro» en las primeras especificaciones de HTTP, a mediados de los noventa, y nunca llegó a usarse. Eran los años del dinero electrónico de DigiCash y se dice que Microsoft llegó a negociar su integración en Windows 95, sin éxito. Ahora con las stablecoins y pagos digitales este paso es mucho más sencillo. Cuando el agente pide un recurso a una web (imaginemos un artículo en Substack, un dato, gráfica o imagen, para incorporar en nuestra base de datos, una consulta a una API sobre un precio, etc.), el servidor responde directamente con el código HTTP 402, «Pago requerido», y no entrega el recurso hasta que se paga. El agente paga y vuelve a pedir el recurso con la prueba del pago. El pago es la llave. El agente firma una orden de transferencia en stablecoins (p. ej., USDC, de Circle) por un importe y a un destinatario concretos, y un intermediario la liquida en la blockchain (x402); el servidor confirma el pago y entrega el recurso. Funciona como un script: la delegación se reduce a dotar de fondos al agente, y el riesgo recae sobre el titular del monedero, no sobre el protocolo.
En este camino desaparecen casi todas las piezas del primero: no hay registro del agente en un banco, ni redirección del usuario, ni pantalla de consentimiento. La intervención humana se adelanta y sale del protocolo: consiste en cargar de fondos el monedero del agente o en concederle un permiso de gasto con un tope.
Para ver paso a paso qué hace Alice en cada camino, y qué hacen las máquinas cuando ella no está, he preparado una pila de verificación interactiva.
La pregunta jurídica de esta primera entrada es sencilla: ¿se aplica la normativa de servicios de pago? La respuesta depende del camino y, sobre todo, de quién custodia los fondos.
- Cuando hay autorización y permiso (OAuth 2.0). Aquí hay un proveedor de servicios de pago y unos «fondos» en sentido legal, de modo que rige la Directiva (UE) 2015/2366 (PSD2), transpuesta en España por el Real Decreto-ley 19/2018, que se aplica de lleno. Para el agente, esto tiene tres consecuencias:
- Consentimiento (art. 36 RDL 19/2018). La operación debe estar autorizada por el ordenante. La cuestión es si el permiso concedido al agente equivale a ese consentimiento. Para mí, sí, porque el permiso fija un límite, un plazo y un objeto, de modo similar a un mandato con instrucciones (arts. 1709 y 1714 CC).
- Autenticación reforzada (art. 68 RDL 19/2018 y Reglamento Delegado (UE) 2018/389). Hacen falta dos factores entre conocimiento, posesión e inherencia. El agente no tiene factores propios, así que hay dos momentos, la autorización que requiere autenticación previa, y el pago, que debe estar dentro de los umbrales de la autorización. Aquí está la dificultad: el Reglamento Delegado exige vincular cada pago a un importe y a un beneficiario concretos (art. 5), lo que casa mal con un permiso de beneficiario abierto; hoy se resuelve con las operaciones iniciadas por el comercio o con la exención de bajo importe (art. 16). Lo veremos en la próxima entrada.
- Responsabilidad (arts. 44 a 49 RDL 19/2018). Si el agente compra algo que Alice no quería, pero dentro del permiso, difícilmente será una operación “no autorizada”. Alice consintió la serie de operaciones al conceder el permiso, lo que dificulta invocar el art. 45. Le queda la vía del art. 48: devolución de operaciones autorizadas sin importe exacto cuando el importe supera lo que razonablemente cabía esperar. Si, en cambio, la compra excede el permiso, la operación no está autorizada y corresponde al banco probar que estaba autenticada (art. 44).
- Por los fallos del propio agente responde su proveedor: frente a consumidores, por falta de conformidad del servicio digital (arts. 114 y ss. TRLGDCU); entre empresas, por la vía general del art. 1101 CC.
La EBA lo ha dejado claro: un proveedor que custodia y transfiere fichas de dinero electrónico (como USDC o EURC) presta servicios de pago y necesita la correspondiente autorización. Me genera más dudas el x402. Si el monedero lo custodia un proveedor, la EBA ya ha dicho que presta servicios de pago. Si es un monedero propio, sin custodia, no hay proveedor de servicios de pago y la relación con el vendedor del recurso digital es lejana: solo cabe reclamar por falta de conformidad, no por la vía de los medios de pago. El pago x402 es firme e irrevocable desde que se liquida, primero se paga y después se entrega, de modo que el riesgo de no recibir el recurso lo asume quien paga.
La reforma (la Directiva PSD3 y el Reglamento de Servicios de Pago, PSR) refuerza la lucha contra el fraude y la responsabilidad de los proveedores, pero no regula específicamente a los agentes aunque incluye a los EMT en PSD3. Creo que la cuestión no será qué camino se impone, sino para qué sirve cada uno. El camino del 402 encaja cuando no hay relación previa con el comercio; el importe es pequeño; la entrega es digital e inmediata; la irreversibilidad es aceptable; la identidad del pagador es irrelevante (sin requerimientos normativos).
En compras de consumo, para ser compliant, creo que se impone el camino del permiso, con un intermediario regulado, SCA y derechos de devolución. Además, cuestiones como el IVA y las obligaciones de facturación en pagos entre máquinas quedan mucho más en el aire.




La sucesión de los socios ex art. 40.1 LGT. El régimen de sucesión es lo más interesante de la sentencia. Cuando una sociedad se extingue (en cualquiera de sus modalidades) la Ley General Tributaria designa quiénes son los sucesores para el caso de obligaciones pendientes con la AEAT (actuales o sobrevenidas). El art. 40.1 LGT indica que los socios son sucesores (sic! de las deudas tributarias) y quedan obligados solidariamente hasta el límite del valor de su cuota de liquidación y de las percepciones patrimoniales que hubieran recibido en los dos años anteriores a la disolución (esto último para evitar vaciamientos previos al cierre, que es donde en la práctica suele estar el verdadero patrimonio a perseguir). La Sala insiste en que esta transmisión opera ope legis, automáticamente, por el solo hecho de la liquidación, y que los socios pasan a ocupar la posición de deudores principales. Esto no es lo que he leído que los socios responden de las deudas de la sociedad (iría contra el art. 1 TRLSC) sino que, si han lo obtenido algo en la liquidación o en los dos años anteriores, cuando han quedado deudas tributarias por pagar deberán «restituir» lo cobrado para pagar la deuda de la AEAT. Tiene todo el sentido desde un punto de vista de prelación de deudas, de rangos concursales, etc. Ahora bien, sólo se responde hasta lo percibido, nada más, y si se recibió «0», nada se adeuda.
En las últimas cuentas de 2006 ya estaba incursa en causa de disolución por pérdidas cualificadas [art. 363.1.e) LSC] y no hay controversia de que sus administradores mancomunados incumplieron el deber de promover la disolución. La cuestión de casación era clara: ¿cuándo nace la obligación que se reclama a efectos del art. 367.1 LSC? Si nació con el certificado final de obra (1999), con los defectos constructivos, o con la sentencia de 2007, en cualquiera de esos casos, sería anterior a la causa de disolución y los administradores no responderían. Si nació con el pago de Asemas en 2015, sería posterior al cierre de hecho y sí responderían.


