Propiedad, semilla y autocustodia: el fallo Coldcard.

Publicada el 6 agosto, 2026 por Mario Palomar Sarabia

El pasado 29 de julio se descubrió una vulnerabilidad en el software de un dispositivo físico para la creación de semillas (clave privada) y firma de transacciones en Bitcoin. La empresa, Coinkite, es la propietaria de las famosas Coldcard que tienen un software que venía siendo punta de lanza pero cuya vulnerabilidad es muy grave. La explicación técnica se puede encontrar en fácilmente (p. ej. aquí). Gráficamente, en la imagen se enseña lo que debería hacer el código (izquierda) y lo que efectivamente hacia (derecha). La diferencia de 32 a 256 bits es inimaginable, probando el resultado de 2 a la 32 a la 256 en una calculadora y se ve claramente la magnitud.

Antes de nada, conviene fijar con precisión el vocabulario. No se ha hackeado nada porque no ha existido ninguna intrusión, nadie vulneró ningún servidor, ni interceptó una comunicación, ni engañó a nadie para que revelara nada, tampoco se atacó el protocolo de Bitcoin, ni nada parecido. Lo que hubo fue un defecto de código de software en los dispositivos Coldcard que, de hecho, se originó en el año 2021 como consecuencia de la migración de software libre a una licencia de uso limitado para evitar plagios (volveré en una entrada posterior y porqué esto evitó la propagación del fallo).

Bitcoin no está afectado en nada, el protocolo ha hecho exactamente lo esperado, seguir funcionando sin falla alguna y dejando que se consume el robo de los fondos porque su función es sevir como medio de intercambio de valor digital de forma descentralizada. El defecto de código, en apretado resumen, generaba la posibilidad tecnológica de averiguar la clave privada de un usuario y mover fondos, quien quiera ver el error de la migración a nivel código lo tiene explicado aquí (tiene que ver con la entropía en al generación de la clave). A PlayStation le pasó algo similar por lo que no es una cuestión de Bitcoin o de protocolo, son matemáticas y seguridad. Que se haya descubierto en 2026 responde a la capacidad que brinda ahora la IA para analizar código y esto es sólo un aviso a todos los sectores. Sea como fuere, detectado el bug, quienes han explotado esa vulnerabilidad han movido los fondos que no eran suyos a direcciones bajo su control, para mí, un robo.

A este bug se le suma que Bitcoin es diferente porque es irreversible. Mientras en otros protocolos como Ethereum, se han dado casos de reversión (caso The Dao) modificando la blockchain y deshaciendo los efectos a costa de demostrar que la red no era verdaderamente descentralizada, en Bitcoin, es al revés, la inmutabilidad es una elección deliberada de gobernanza y una seña del protocolo. La misma robustez que hace de Bitcoin un sistema verdaderamente privado —nadie puede reescribir la historia, ni un juez, ni un desarrollador, ni un gobierno— es la razón por la que, cuando algo sale mal y puedes predecir la pérdida de fondos, el protocolo simplemente segiurá su curso y consumará los hechos. Por eso creo que el remedio, si existe, tiene que venir de fuera del protocolo y tiene que venir del derecho.

Desde lo legal hay que preguntarse si es delito buscar claves privadas explotando un bug. Básicamente que alguien que sabe que existe una vulnerabilidad ponga su máquina a trabajar para obtener claves privadas candidatas a contener fondos. En ese proceso no se ha tocado ningún dispositivo ajeno, ni se ha entrado en ningún sistema, por lo que no encaja en ningún tipo penal existente. El artículo 197 bis CP, castiga el acceso ilícito a sistemas de información, y exige vulnerar «las medidas de seguridad establecidas para impedirlo«. Aquí no hay sistema al que se accede: la clave se calcula en el propio ordenador mediante una operación matemática, y la comprobación de saldo se hace contra un libro contable abierto al público. Quien hace esto no se ha apoderado de ningún bien, solo ha determinado que, en teoría, podría hacerlo.

Lo que cambia radicalmente el panorama es el paso siguiente: localizada una clave privada y localizada una dirección con fondos, se firma una transacción y se mueven los fondos a una dirección propia. Ahí sí hay una apropiación de un bien ajeno, y ahí es donde entran en juego la estafa informática y el hurto, con las dificultades probatorias que cualquiera de esas calificaciones arrastra (lo abordaré en la siguiente entrada). Pero antes de hablar de qué se puede reclamar por los afectados, hay que fijar qué es exactamente lo que se ha perdido. Bitcoin no es dinero de curso legal (STS), pero que no sea dinero no significa que carezca de protección patrimonial: en CP, para la estafa informática, indica que puede ser de «cualquier activo patrimonial«, y para el hurto, de «cosa mueble ajena«. Bitcoin encaja en esas categorías por ser un activo patrimonial inmaterial, con valor de mercado verificable, transferible y, por tanto, susceptible de apropiación en el sentido amplio que maneja el derecho penal patrimonial.

Dicho esto, hay un problema real y específico de Bitcoin, las direcciones de Bitcoin no permiten identificar a su titular. Con los datos de la cadena de bloques nadie puede saber, sin datos externos, de quién es una dirección concreta. Aquí es donde el derecho probatorio se cruza con la práctica real de la autocustodia. A mi modo de ver, a efectos de acreditar la propiedad de la semilla y con ella de los fondos preexistentes en ella se deberían seguir los siguientes pasos:

1. Factura de compra del dispositivo y número de serie (Con el que e generó la se semilla dañada)

2. Momento de generación de la semilla lo que se puede anudar a la primera transacción que haya derivada de esa clave privada, esa fecha es irrefutable.

3. Determinación del firmware del dispositivo en ese momento y si es de los afectados.

4. Si, además, los fondos llegaron a esa dirección procedente de un exchange se puede anudar con el KYC del Exchange de la dirección de retirada del exchange a la dirección generada por el dispositivo

En este supuesto veo muy poco discutible la realidad de la propiedad. Si la operación viene de P2P y es de una plataforma (p.ej. hodl hodl, etc.) tampoco hay mucho problema de trazabilidad porque además estará anudado a un pago o transacción (pantallazo de esa operación). La prueba indiciaria es perfectamente admisible en derecho español, tanto civil como penal. Existe además una vía forense más técnica y menos conocida: el propio identificador de fábrica del chip del dispositivo (UID) que participaba en el cálculo de la semilla defectuosa pero eso no lo tengo muy claro.

Lo más difícil de todo el proceso es lograr acreditar quién los movió (legitimación pasiva) o identidad del delincuente. La cadena de bloques permite seguir el rastro de las transacciones: a qué dirección fue, etc. pero vincular esa dirección de destino con una persona física o jurídica exige datos que, normalmente, están en poder de un tercero (el exchange del cash-out) y a los que un particular no tiene acceso. Solo la investigación penal, con capacidad de requerir esos datos a exchanges y cooperar internacionalmente, tiene margen real de éxito ahí, y solo se activa si hay indicios suficientes para abrir diligencias.

Es indiscutible que se ha minado la confianza en el régimen de autocustodia de Bitcoin, el fallo de un dispositivo estrella por la vulnerabilidad del código genera alarma, sin embargo, como señala Alberto Mera, a pesar del robo conviene señalar qe la descentralización ha permitido (i) avisar a los usuarios, (ii) conocer rápidamente la causa del fallo – hay mucha gente revisando – (iii) construir una cadena de ayuda por los más instruidos y (iv) que los usuarios afectados hagan movimiento de fondos, en un ente centralizado todo esto sería imposible porque el robo es instantáneo y para todos. Por eso la pérdida es de unos 70 millones, que comparadas con los hackeos a exchanges Mt Gox, Dmm, etc., es mucho menor.

Un sistema legal que funcionara con razonable eficacia frente a este tipo de incidentes no sería una amenaza para el ecosistema: sería un multiplicador de confianza haciendo un circulo vistuoso entre descentralización y centralización.

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Derivación de deudas al administrador en sociedades liquidadas o concursadas. Nueva doctrina del tribunal Supremo sobre el art. 43.1.a) LGT, primero los sucesores y luego los administradores.

Publicada el 27 julio, 2026 por Mario Palomar Sarabia

El TS declara ineficaz la derivación al administrador si antes no se ha exigido el fallido de los socios-sucesores del art. 40.1 LGT. Análisis de la STS 18/6/2026.

Una doctrina construida de lo genérico a lo particular. El Tribunal Supremo está poniendo orden a la escalada de derivaciones de la AEAT y, además, está elaborando una doctrina sobre derivaciones en materia concursal. El tratamiento está siendo bastante didáctico de lo genérico a lo particular. Empezó realizando una interpretación del 43.1.a) LGT, para todo tipo de derivaciones, abordó también la prohibición de inversión de la carga de la prueba y recientemente acotó la prescripción en sociedades en concurso. En una nueva sentencia de 18 de junio de 2026 (STS 2817/2026 – ECLI:ES:TS:2026:2817) determina el proceso necesario para poder derivar al administrador en sociedades liquidadas o concursadas. A mi modo de ver se está indicando a la AEAT que no puede tener un cuerpo normativo desconectado de la lógica del derecho de sociedades y del derecho concursal porque una cosa es tener normativa propia y otra distinta prescindir del resto del ordenamiento.

El Tribunal Supremo lo tiene claro pese a la resistencia de la AEAT. Los juzgados mercantiles que conocen del concurso son los competentes para la declaración de insolvencia y para la cancelación registral (extinción). Por este motivo no es necesaria una reválida tributaria en un procedimiento paralelo y desconectado (fallido tributario) basta con con que se esté a lo declarado por el juzgado o a los hitos del procedimiento. La sentencia aborda el camino que debe seguirse para la válida derivación de deudas tributarias de sociedades extinguidas bien mediante concursos (sin masa) y liquidaciones societarias.

Una sociedad instó el concurso en junio de 2010 y concluyó en febrero de 2012 por inexistencia de bienes (sin masa). La AEAT declaró fallida a la sociedad el 9 de abril de 2012 fecha en la que ya estaba liquidada y extinguida judicialmente, con cierre de hoja registral publicado en el BORME del 20 de marzo de 2012 (casi tres semanas antes de la declaración de fallido). Con esa base, la AEAT (casi prescindiendo del concurso) derivó la responsabilidad subsidiaria al administrador sin más. La Sala lo dice sin rodeos: una declaración de fallido dictada frente a una sociedad ya extinguida «es una declaración ineficaz». Importante, ineficaz en derecho es que no produce efectos jurídicos, vamos que es como si no hubiera existido la declaración de fallido.

La sucesión de los socios ex art. 40.1 LGT. El régimen de sucesión es lo más interesante de la sentencia. Cuando una sociedad se extingue (en cualquiera de sus modalidades) la Ley General Tributaria designa quiénes son los sucesores para el caso de obligaciones pendientes con la AEAT (actuales o sobrevenidas). El art. 40.1 LGT indica que los socios son sucesores (sic! de las deudas tributarias) y quedan obligados solidariamente hasta el límite del valor de su cuota de liquidación y de las percepciones patrimoniales que hubieran recibido en los dos años anteriores a la disolución (esto último para evitar vaciamientos previos al cierre, que es donde en la práctica suele estar el verdadero patrimonio a perseguir). La Sala insiste en que esta transmisión opera ope legis, automáticamente, por el solo hecho de la liquidación, y que los socios pasan a ocupar la posición de deudores principales. Esto no es lo que he leído que los socios responden de las deudas de la sociedad (iría contra el art. 1 TRLSC) sino que, si han lo obtenido algo en la liquidación o en los dos años anteriores, cuando han quedado deudas tributarias por pagar deberán «restituir» lo cobrado para pagar la deuda de la AEAT. Tiene todo el sentido desde un punto de vista de prelación de deudas, de rangos concursales, etc. Ahora bien, sólo se responde hasta lo percibido, nada más, y si se recibió «0», nada se adeuda.

Dicho lo anterior lo que importa es la consecuencia procedimental: si los socios ocupan la posición de deudores principales tras la sucesión (hasta su cuota de liquidación / percepciones) entonces el art. 41.5 LGT —que exige la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios antes de poder derivar al subsidiario— se proyecta también sobre los socios. No cabe derivar al administrador por el 43.1.a) LGT sin antes haber intentado el cobro contra los socios-sucesores dentro del límite de su cuota.

La sucesión del art. 40.1 LGT en su lógica económica funciona más como a una fusión por absorción que a una responsabilidad clásica. Los socios no se colocan «junto» al deudor como garantes añadidos —que es como funciona el responsable del art. 42 o del 43—, sino que ocupan directamente su posición, con el patrimonio recibido de ella queda, igual que el patrimonio de la absorbida pasa a la absorbente. La propia Sala lo llama «sucesión impropia» porque el socio no se subroga sin más en las relaciones jurídicas de la sociedad, sino que asume una reducción proporcional a su cuota. Pero el mecanismo de fondo es el mismo que en cualquier sucesión universal.

Lo que está en juego no es un tecnicismo procedimental sino que saltarse a los socios y derivar directamente al administrador incumple la declaración de fallido del deudor principal (los socios son más deudor principal) y vacía de contenido el derecho de reembolso del art. 41.6 LGT: si el administrador paga como responsable subsidiario, tiene derecho a repetir contra el deudor principal, pero si la Administración nunca identificó ni persiguió a ese deudor principal (los socios-sucesores), ese derecho de reembolso quedaría en el aire. Peor todavía, se abre la puerta a un enriquecimiento injusto de la Administración: si no se exige el fallido de los socios, nada impide reclamar la misma deuda dos veces, una vez a los sucesores y otra al responsable subsidiario.

En liquidaciones societarias ordinarias el esquema es limpio: disolución, reparto de cuota, extinción, y a partir de ahí la AEAT tiene que dirigirse contra los socios antes de pensar en el administrador. En concurso con liquidación, la extinción se produce con el propio auto de conclusión, así que el esquema es idéntico. Donde la cosa se complica, y donde creo que hay que ser especialmente cuidadoso, es en el concurso sin masa del art. 37 bis y 485 TRLC: el auto de conclusión por insuficiencia de masa activa no extingue la sociedad, solo ordena el cierre provisional de su hoja registral por un año. Durante ese año la sociedad sigue existiendo —doctrina reiterada de la DGSJFP — y no hay, todavía, título de sucesión alguno. Solo cuando transcurre el año sin reapertura y se solicita (de oficio nada se hace) se produce la cancelación definitiva activando el régimen de sucesión del art. 40.1 LGT, pero una derivación sin extinción o donde no se ha pedido, entiendo que puede no representar infracción del art. 40 LGT.

En definitiva, la doctrina que fija esta sentencia es sencilla de enunciar y bastante más trabajosa de aplicar correctamente cuando los concursos sin masa son legión con respecto a los que no. en cualquier caso, la derivación de responsabilidad subsidiaria del art. 43.1.a) LGT exige, previamente, la declaración de fallido de los socios de la deudora principal cuando esta haya sido liquidada y no cabe derivar al administrador saltándose ese paso, por mucho que la sociedad ya no exista.

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Las sociedades «cerradas de hecho» pueden resucitar la responsabilidad de sus administradores

Publicada el 16 julio, 2026 por Mario Palomar Sarabia

En materia de responsabilidad de administradores hay una idea muy consolidada consistente en que si una sociedad lleva años inactiva, sin depositar cuentas y sin actividad, el riesgo para sus administradores está más o menos contenido porque se respondería de lo que ya se conocía en el momento del cierre de facto. Para no generar alarma, en realidad, se ajusta bastante a la realidad, pero pueden surgir nuevos créditos posteriores de los que si se responde. La [STS 2795/2026 – ECLI:ES:TS:2026:2795] aborda la cuestión, y lo hace con un mecanismo que conviene entender bien porque no depende de que exista un pasivo latente: basta con que en el futuro alguien pague una deuda, por ejemplo, solidaria para que nazca un nuevo crédito.

Se entenderá con el caso, una promotora estaba inactiva desde 2006 y en 20215 se produce un pago en su nombre por un codeudor. Los hechos son de manual. En 2006 una comunidad de propietarios demanda a los agentes de la edificación (arquitecto superior, aparejador y la promotora-constructora) por vicios constructivos. En 2007 hay condena solidaria sucesivamente confirmada. El cumplimiento efectivo de esa condena no se completa hasta julio de 2015 cuando Asemas —aseguradora del arquitecto superior— paga la parte que correspondía a la constructora (172.521,61 €) y como era solidaria le reclama la mitad, 86.260,80 €.

En las últimas cuentas de 2006 ya estaba incursa en causa de disolución por pérdidas cualificadas [art. 363.1.e) LSC] y no hay controversia de que sus administradores mancomunados incumplieron el deber de promover la disolución. La cuestión de casación era clara: ¿cuándo nace la obligación que se reclama a efectos del art. 367.1 LSC? Si nació con el certificado final de obra (1999), con los defectos constructivos, o con la sentencia de 2007, en cualquiera de esos casos, sería anterior a la causa de disolución y los administradores no responderían. Si nació con el pago de Asemas en 2015, sería posterior al cierre de hecho y sí responderían.

La doctrina del TS: el derecho de regreso (serviría también para el de repetición, o el del 18,2 LOE) no es subrogación, es un crédito nuevo. Aquí está la clave técnica, el Supremo consolida una línea que viene, como mínimo, de la STS 770/2001 y pasa por la 227/2002, 274/2010, 509/2018, 619/2012 y 709/2025. El art. 1145.II CC dice: «El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponde, con los intereses del anticipo.»

El pago del solvens extingue la obligación solidaria (art. 1145.I CC) y con la extinción desaparece el crédito original. Lo que nace a continuación no es una subrogación en el crédito extinguido —con sus garantías, plazos y accesorios— sino un derecho de reembolso completamente nuevo, «ex novo«, cuyo único título es el hecho del pago. La sentencia lo resume con precisión: se trata de «un crédito nuevo y diferente del resuelto en el primer pleito (…) que surge precisamente de haber abonado lo que debía». Y remacha que este nuevo crédito «surge ex novo, cuyo origen está en el pago realizado y no en el previo derecho de crédito del acreedor original, por cuanto el deudor pagador no es cesionario del crédito inicial».

La consecuencia para el art. 367 LSC es directa: como la obligación social (el nuevo crédito de Asemas contra Promeral) nace en 2015 —momento del pago—, y la causa de disolución era de 2006/2007, la obligación nueva es «posterior» por definición, sin necesidad siquiera de acudir a la presunción iuris tantum del art. 367.2 LSC. No hace falta presumir nada: la fecha de nacimiento está fijada por la propia naturaleza jurídica de la acción de reembolso. Por lo tanto, no hace falta que haya deuda pendiente conocida en el momento de la causa de disolución, basta con que después un tercero pague por la sociedad y ejerza el regreso, en clave de incentivos me parece un acierto porque la moraleja es bastante clara: una sociedad con exposición a condenas solidarias no resueltas (fianzas, garantías, coobligaciones, responsabilidad de agentes de la edificación o incluso costas procesales) no debe quedar simplemente inactiva confiando en la prescripción. Mientras no se liquide y cancele correctamente, cualquier pago futuro de un codeudor solidario puede generar, de la nada, una obligación social «posterior» a efectos del art. 367 LSC, con la consiguiente responsabilidad personal y solidaria de quienes en su día no promovieron la disolución.

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Reducción de capital desigual entre socios: unanimidad en la SL.

Publicada el 26 junio, 2026 por Mario Palomar Sarabia

El Supremo aclara que en las SL la reducción de capital que no afecta igual a todos los socios exige el consentimiento de todos, no solo mayoría.

La práctica acelerada del derecho de mercantil lleva a pensar que en el derecho de sociedades todo funciona por mayorías. Sin embargo, en ocasiones, las especialidades de la affectio societatis y el contrato originario se imponen. Me refiero a la salida desigual de las sociedades mediante reducción de capital.

La creación de un sociedad (constitución en términos de sociedades de capital) es un contrato multilateral en el que los participes (socios) ponen un determinado patrimonio al servicio de una nueva entidad a la que el derecho le otorga personalidad jurídica separada de la de sus creadores y donde los acuerdos se adoptan por mayoría. Dentro de este concepto general en las sociedades de capital está el modelo abierto (anónima) y el cerrado (limitada). Aunque como apunta el profesor Alfaro estos límites se han borrado a través de las sucesivas reformas, aun hay alguna reminiscencia. Me refiero a la (STS 2471/2026 – ECLI:ES:TS:2026:2471) en la que se analiza la mayoría necesaria en una SL para la reducción de capital cuando la reducción no afecta igual a todas las participaciones. En una respuesta rápida e informal hubiera manifestado que para este caso aplica la doble mayoría, es decir la de la totalidad del capital social y la del afectado, pero no es así. Para la reducción de capital asimétrica hace falta el voto de todos los socios en las SL o de la mayoría de los afectos en la SA y creo que tiene sentido.

Cuando varias personas deciden constituir una sociedad limitada, cerrada, persiguen un propósito (objeto social) con unos concretos socios a los que eligen no sustituir fácilmente, por este motivo hay un régimen de transmisión de participaciones mucho más estricto que en las anónimas, una posible limitación a los herederos, etc. Pues en la salida, que es una suerte de resolución o liquidación del contrato pasará lo mismo que en la constitución; o todos se van de forma similar (donde si aplican las mayorías) o si el acuerdo afecta a unos sí y otros no, alterando lo inicialmente pactado, hace falta la «renovación» del contrato social y, por tanto, el voto (sic! consentimiento) de todos.

En el caso que resuelve el Tribunal Supremo los socios titulares dell 80% del capital votaron favorablemente una reducción de capital para la salida de una socia y con el voto favorablemente también de la socia afectada por la reducción (consistía en la salida de la sociedad con la recepción de una serie de inmuebles). Otro socio minoritario que también quería salir, impugna el acuerdo por vulneración del art. 329 TRLSC.

En primera instancia el minoritario pierde la demanda haciendo constar la setnencia de primera instancia que «En el caso objeto de la presente demanda no se produce disparidad en el trato del resto de socios, el demandante no sufre ningún perjuicio directo, sigue teniendo el mismo porcentaje de participaciones sociales y no hay referencia alguna a la pérdida del valor de las mismas, de hecho, el propio actor se planteó en la junta la posibilidad de separarse de la sociedad acudiendo a la misma fórmula de valoración de sus participaciones«, sin embargo, este argumento no se acogió ni en la segunda instancia, ni en el Supremo, que indica que para que el acuerdo sea válido ha de consentir tanto el socio titular de las participaciones amortizada, como individualmente los titulares de las participaciones a las que no afecta la reducción, como en el contrato fundacional. Justo porque no afecta por igual a todas las participaciones existe una alteración en la posición jurídica de uno/s socios y eso equivale a la modificación del contrato fundacional donde, como en la constitución, se exige el consentimiento individual de todos ellos. Al final la desafectación asimétrica del patrimonio social, como en la constitución es más modificación del acuerdo fundacional que vida ordinaria de la sociedad. La sentencia indica lo siguiente:

«Esta interpretación tiene sentido, ya que con esta modalidad de reducción del capital (y la alteración de la posición jurídico-económica que conlleva) no cabe generalizar qué situación sea preferible o ventajosa, ni cuál sea rechazable o inconveniente: la desvinculación de la sociedad (con la recuperación de la inversión por el socio) o, por el contrario, la permanencia del socio en la sociedad (manteniéndose en ella la inversión). Esto lo ha de decidir cada socio. Por ello, se requiere el consentimiento individual de todos los socios, cuando se reduzca el capital con devolución del valor de las aportaciones y ello no afecte por igual a todas las participaciones sociales.»

En las anónimas esto no ocurriría porque el art. 293 TRLSC indica que se requiere el acuerdo separado de la mayoría de los accionistas interesados, no de todos. Por eso, aunque la práctica se impone, no conviene perder de vista la naturaleza de cada tipología de sociedad, y ahí es donde cobra importancia tanto la parte contractual de la sociedad como su carácter abierto o cerrado.

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Derivación de responsabilidad tributaria al administrador tras el concurso: nueva doctrina del Supremo sobre prescripción

Publicada el 28 mayo, 2026 por Mario Palomar Sarabia

Como apunté la AEAT ha incrementado sensiblemente el número de derivaciones de deudas a los administraciones. Respecto de 2025 no puedo precisar el dato porque la memoria 2025 aún no está disponible, pero me temo que crecerá con respecto a 2024. No creo que este hecho tenga que ver con que los administradores societarios actuales sean peores que los de hace 10 años, sino que se ha reinterpretado el art. 43 LGT para transformarlo en un mecanismo para asegurar el cobro de las deudas situando a los administradores como garantes de las deudas impagadas de las sociedades administradas. El redactado del art. 43.1 a) LGT permite la derivación a los administradores que «no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios». Si se acepta la posibilidad del fracaso empresarial el umbral es uno; si el impago es el eje siempre se puede considerar que no se ha hecho suficiente y el umbral pasa a ser otro. Es peligroso que misma redacción de resultados tan dispares cuando el que la aplica tiene autotutela, pero ese sería otro debate.

Uno de los problemas es que existe una desconexión absoluta entre las secciones mercantiles de los Tribunales de Instancia (juzgados mercantiles) que tienen la competencia sobre los procesos concursales, y la declaración de fallido tributario de la AEAT. Me explico, los arts. 173 y 176 LGT recogen la declaración de fallido como requisito previo para poder dirigirse contra los responsables subsidiarios, es decir, los del art. 43 LTG, (administradores). Sin embargo, esa declaración de fallido prescinde por completo del concurso de acreedores de modo que la AEAT, como si no se fiase del juez del concurso, acude a sus mecanismos propios de recaudación para re-verificar que el concursado es realmente fallido después de concluido el concurso, esto, son años de zozobra. Como hoy en día todo son máquinas, es un procedimiento automatizado. Tras la declaración de concurso, el expediente de cualquier empresa se asigna a los órganos concursales de la AEAT donde opera la interrupción de la prescripción del art. 68 LGT mientras dura el procedimiento, cuando termina el concurso, el expediente se reasigna a recaudación para que esa unidad declare el fallido. Qué ocurre en términos temporales:

  • La empresa (futura concursada) deja de pagar un tributo por la inviabilidad de su negocio, pongamos un IVA de 2014
  • Tras el preconcurso (4 meses) se solicita el concurso que no se declara hasta 1 ó 2 meses después, pongamos en 2015.
  • Conforme al art. 68 LGT la declaración de concurso interrumpe la prescripción contra los responsables (solidarios o subsidiarios)
  • El concurso, como hay bienes que liquidar, se concluye en 2019, 4 años después (una media obtenida del observatorio del Colegio de Registradores) que sitúa las liquidaciones en esa media temporal.
  • Cuando finaliza del concurso el expediente vuelve a recaudación de la AEAT que realiza nuevas ejecuciones, notificando de nuevo al administrador societario en 2019 y 2020 de una deuda de 2014 del que no tiene ni el certificado (porque fue cesado con la apertura de la liquidación concursal). Ante la inexistencia de nuevos bienes (por eso concluyó el concurso) la AEAT declara su fallido en 2021 (p.ej. 12 -24 meses después de la conclusión del concurso).
  • En ese momento, se inicia la derivación contra el administrador en 2022, unos 8 años después del impago de aquel IVA.

Tener a un administrador, 8 años, más lo que dure el procedimiento de derivación no parece proporcionado. El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) fija doctrina y dicta la Sentencia la STS 545/2026 de 30 de abril de 2026 sobre ¿desde cuándo corre el plazo de prescripción para derivar la responsabilidad subsidiaria al administrador cuando el deudor principal – empresa – ha pasado por un concurso?

El Tribunal aplica la doctrina de la actio nata, es decir, que el plazo de prescripción comienza cuando la acción puede ejercitarse, y la acción puede ejercitarse desde que la insolvencia del deudor está suficientemente constatada y se concluye que el crédito de la AEAT será incobrable (fallido en términos tributarios). La Sala lo dice sin ambages: «la Administración no puede retrasar injustificadamente la declaración de fallido con el único efecto de posponer artificialmente el inicio del plazo de prescripción».

Generalmente, a lo largo del procedimiento concursal existen datos objetivos y momentos procesales muy determinados que acreditan la insolvencia definitiva y la escasa expectativa de pago de los créditos concursales. El informe provisional de la Administración Concursal del art. 292 TRLC a los dos meses desde la declaración, por ejemplo, ya recoge las masas patrimoniales y los créditos contra la masa de donde se puede extraer una primera idea. Los textos definitivos si los hay. Los informes trimestrales de la liquidación donde se ve la materialización de la venta y lo que queda por vender, etc. El criterio de la AEAT, sin embargo, era esperar al auto de conclusión para iniciar su proceso de declaración de fallido estirando la prescripción varios años. La sentencia del Tribunal Supremo corrige este proceder. La AEAT, además, siempre está comparecida en el concurso por lo que tiene conocimiento formal de lo que ocurre. Es cierto que no cualquier manifestación lateral puede servir de base para conocer el fallido, pero basta esperar a la evaluación del convenio o a un informe trimestral de la liquidación para conocer la expectativa de cobro.

La sentencia fija doctrina para concursos siguiendo la línea de la STS de 7 de febrero de 2022 (rec. 8207/2019) que indica que no interrumpen prescripción apremios posteriores a la declaración de fallido, así como que la declaración de «fallido» por una administración pública no hace necesaria una segunda declaración de fallido por la AEAT (v. gr STS 1746/2022). Lo nuevo en esta STS 545/2026 es que ese mismo criterio opera también cuando la constatación de la insolvencia se obtiene a través de un procedimiento judicial concursal, sin actuaciones recaudatorias propias de la AEAT.

Es justo la falta de conexión que corrige el Tribunal Supremo de la que hablaba al inicio por lo que no debería ser que sea necesaria una re-verificación de la AEAT de lo que un juzgado mercantil ya ha declarado si esto, además, implica extender la prescripción por años para los administradores.

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Stablecoins y medios de pago: cuando el emisor es el árbitro

Publicada el 8 mayo, 2026 por Mario Palomar Sarabia

El próximo 18 de mayo de 2026 se prevé el arranque del pago en comercios mediante  BIZUM por QR y es indiscutible que BIZUM tiene un uso muy extendido en España veremos si traspasa a negocio también. Además, hay una corriente que insta a pagar mediante BIZUM como alternativa a Visa y Mastercard con el fin de evitar el dominio americano de los sistemas de pago, de lo que hablé en mi anterior post. Actualmente hay una carrera para liderar los medios de pago digitales del futuro y mientras VISA y MASTERCARD van hacia la integración de stablecoins BIZUM apuesta por un lavado de cara de lo tradicional.  Aunque con una actuación conjunta de BIZUM y WERO se lograse capturar una parte significativa de pagos digitales, el gran reto, para mi, es el pago con stablecoins. Las stablecoins compiten con las monedas fiat no con la infraestructura de pagos, los que lo entiendan tendrán una ventaja importante. En europa, con la regulación MICA, las stablecoins son dinero art. 48.1.a) MICA porque sus emisores sólo pueden ser entidades financieras y esto supone que sus emisores están sometidas a supervisión bancaria. Aunque la stablecoins con mayor cuota mundial USDT vive al margen de MICA.

Con independencia de la carrera por el dominio de los medios de pago, también los pagos digitales en stablecoins tienen sus retos, por ejemplo, tienen el mismo problema que el efectivo: son definitivos. Si pagas en USDC (stable emitida por Circle), por seguir la que cumple con MICA, y no recibes la contraprestación pactada, no hay chargeback, las stables no van por PSD2 ni SEPA, no hay banco que intermedie, ni posible devolución de recibos. Los validadores de las transacciones en la red no tienen poder de reversión, sólo graban la transacción por el mecanismo de consenso acordado en la cadena (proof of stake, en stables) pero una vez validada la transacción, no hay marcha atrás. Este es el problema que intenta resolver el Refund Protocol de Circle:  ¿cómo se devuelve un pago si hay una disputa? El Refund Protocol de Circle pretende introducir un mecanismo de reversión sin que ningún actor tenga custodia unilateral de los fondos durante el proceso. Las stablecoins te permiten no estar cautivo con la entidad (la infraestructura está interconectada) pero el emisor tiene la última palabra, en Bitcoin no, la tiene el código: el script (en derecho, el contrato).

Para mi un smart contract, jurídicamente, es código informático autoejecutable aceptado por las partes mediante una firma digital. La arquitectura del smart contract del Refund de Circle es la siguiente, el que paga especifica el destinatario del pago, el importe y también una dirección de devolución (refundTo) que es suya (como dar tu IBAN de regreso si hay problemas). Antes de validar el pago, se acuerda un período de bloqueo (lockup period) donde los fondos permanecen en el contrato como escrow. Si hay disputa, un árbitro puede forzar la devolución, pero solo a la dirección refundTo prefijada por el pagador, nunca a una dirección de la elección del árbitro. Eso es lo que hace al árbitro técnicamente sea «no custodial»: no puede apropiarse de los fondos ni desviarlos. La solución del pago, por tanto, presenta tres alternativas:

  • Devolución voluntaria por el comerciante (refundByRecipient), acepta la reclamación del cliente y devuelve el importe.
  • Devolución forzada por el árbitro (refundByArbiter), el propio emisor paga al cliente y tendrá un crédito frente al que cobró.
  • También se le permite la retirada anticipada por el comerciante a modo de anticipo (estándar EIP-712) con pago de una tarifa al árbitro por el descuento antes del vencimiento.

Si el comerciante ya retiró los fondos (anticipo) y cuando expira el lockup period el árbitro determina que procede el reembolso, el árbitro paga de su propio saldo (es el emisor y no le cuesta igual) y el smart contract registra una deuda del comerciante. Esa deuda es una anotación contable on-chain, pero su exigibilidad es enteramente off-chain: requiere una relación contractual previa entre árbitro y comerciante, o bien la intervención del emisor del token sobre el saldo del deudor, esto, en definitiva, da mucha seguridad al usuario. En Bitcoin esta segunda fase es estructuralmente imposible por diseño (UTXO vs saldos). Una vez que un UTXO se gasta satisfaciendo las condiciones de su script, no hay mecanismo de recobro dentro del protocolo porque la «moneda» resultante del pago es nueva y con unas condiciones de gastos prefijadas por el receptor (posterior emisor) en la propia transacción de pago, a cambio, tu dinero es verdaderamente tuyo. En stablecoins el Refund Protocol existe porque hay un emisor (USDC) que puede actuar sobre los saldos; en Bitcoin no hay emisor y por tanto no hay esa palanca.

En Ethereum, la cantidad de tokens de un usuario es un mapping en el contrato del token efectuado por el emisor: balances[dirección] => cantidad. No deja de ser un estado contable de un libro diario. Se buscan todas la direcciones (wallets) con tokens y se determina el saldo de cada una. El emisor (y cualquiera) puede ver el saldo de cada dirección, pero ese saldo no se divide en monedas individuales, sino en saldo agregado. En el caso de USDC, Circle puede llamar a blacklist() para bloquear transferencias desde una dirección (no las monedas en concreto) y en algunos casos tiene incluso capacidad de destruir tokens en direcciones bloqueadas, «quemando» el saldo sin consentimiento del titular. El registro de saldos histórico, eso si, no es modificable por el emisor porque domina el token, no la red, por eso se pueden ver cómo se congelan direcciones en la cadena. Esto a nivel de enforcement puede plantear problemas de jurisdicción. Una orden judicial que recaiga sobre saldos en USDC tiene un destinatario real y ejecutable: Circle que como emisor, puede actuar sobre el mapping. Una orden judicial equivalente sobre UTXOs en Bitcoin no tiene enforcement posible porque carece de destinatario: no existe ningún actor con capacidad técnica de cumplirla. El remedio en Bitcoin es siempre una condena de futuro sobre el patrimonio del infractor, nunca una reversión de la transacción.

Una pregunta que surge, no ahora sino en el futuro si continua el incremento de uso de stables y se atomizan los emisores, es ¿quién ejerce realmente la jurisdicción? El Refund Protocol llama «árbitro» al rol que resuelve las disputas. El nombre es jurídicamente incorrecto bajo la Ley 60/2003 porque no hay arbitraje ninguno ni está sometido a principios de audiencia y contradicción, pero lo cierto es que el «árbitro» del protocolo es una dirección de wallet con permisos para llamar a una función que decide, ejecuta inmediatamente, y no es impugnable dentro del protocolo. Lo que el protocolo llama arbitraje es en realidad el ejercicio de un poder dispositivo sobre patrimonio ajeno sin garantías procesales.

Este es el problema de soberanía que advierte de algún modo el Sr. Cipollone. Como describí en el post sobre el discurso de Cipollone, el BCE viene advirtiendo de que si los EMT denominados en dólares emitidos por actores privados estadounidenses se convierten en medio generalmente aceptado de pago en la eurozona, la soberanía monetaria y jurisdiccional de Europa sobre su propio sistema de pagos se traslada fuera del territorio europeo. El Refund Protocol ilustra un ejemplo concreto de ese traslado. El árbitro que resuelve disputas en pagos cotidianos en USDC es Circle, emisor del token (con poder de blacklist sobre cualquier saldo), árbitro potencial del protocolo (con poder de resolver disputas comerciales), y entidad sometida al ordenamiento americano antes que al europeo. Una orden de congelación de un juez español, por tanto, requerirá la cooperación de Circle. Mientras Circle quiera operar en la UE con licencia MiCA, esa cooperación es previsible. Si decide que no, la orden judicial española existe pero carece de ejecutividad real. Por eso el BCE entiende que el verdadero competidor para evitar esto es el euro digital no BIZUM o WERO, aunque pueden ser buenos raíles para desplegar el proyecto según su tasa de uso.

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Préstamos con colateral en bitcoin: encajando las piezas

Publicada el 21 abril, 2026 por Mario Palomar Sarabia

La página web del Banco Central Europeo ha publicado el discurso del Sr. Piero Cipollone en el simposio sobre la construcción del sistema financiero del siglo XXI organizado por la Facultad de Derecho de Harvard. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo vienen insistiendo en la necesidad de innovar tecnológicamente porque en medios de pago y en canalización de la inversión, Europa tiene un papel irrelevante. Una de las apuestas para que la inversión se quede y se canalice en Europa es el euro digital (ver aquí) pero el Banco Central pretende ir más allá y anuncia la necesaria tokenización de activos financieros para agilizar la inversión. La intervención hace una mención muy interesante señalando que la innovación financiera debería:

  • Ayudar al capital a encontrar su uso más productivo
  • Ayudar al riesgo a encontrar a su mejor propietario al menor coste posible

Algo tan evidente, en Europa (y en España aun más) está secuestrado por redes ineficientes. Como ese uso «más productivo» no es único, depende en cada caso del prestamista y sus necesidades de liquidez, un modelo tan rígido lleva a que los españoles tengan más de un billón en cuentas sin remunerar. Para la tokenización, en cualquier caso, hacen falta stablecoins (ver aquí) o bien euros digitales porque todo el proceso se liquida mediante tokes a través de registros distribuidos (tecnología DLT) o blockchains.

En paralelo, he estado viendo algunos protocolos del llamado «lending» en Bitcoin como Debifi (muy institucional, con montos de hasta 3 millones de dólares), Firefish o Lend de Hodl Hodl, y creo que son muy eficientes. La estructura de estas plataformas es robusta y sencilla. Importante: no hablo del llamado DeFi (finanzas descentralizadas, donde todo es más tipo casino) sino de préstamos donde la negociación, compensación y liquidación se hace prácticamente sin riesgo y donde la custodia de la garantía es compartida en registros DLT a a través de un multifirma. Estos sistemas, además,  operan 24/7 con liquidaciones automáticas preconfiguradas. Trato de explicar lo que representan jurídicamente porque los proyectos ya publican con detalle el proceso técnico en sus respectivas webs.

Los préstamos con bitcoin como «colateral» provienen del derecho anglosajón («colateral» no es una acepción válida según la RAE; lo correcto sería prenda o garantía, pero usaré el término por convención del sector). Estos contratos, por su carácter novedoso no tienen regulación específica porque agrupan varias operaciones jurídicas que tampoco entran claramente en el ámbito de MiCA. Las plataformas no actúan como proveedores de servicios sobre criptoactivos (CASP en terminología MiCA) porque no custodian ni intercambian activos por cuenta de terceros, aunque como veremos su papel es relevante en la ejecución. El préstamo y las relaciones jurídicas, a mi juicio, serían las siguientes:

  1. Mercado de ofertas P2P. Todas las webs tienen un mercado en el que prestamistas y prestatarios formulan ofertas para prestar o tomar prestado, fijando plazo y tipo de interés.
  2. Aceptación de oferta. Con la aceptación de una oferta publicada se inicia, que no confirma, el proceso de contratación: el prestatario indica su dirección de cobro del préstamo y la red de recepción —lo más frecuente, USDT en Ethereum, donde hay más liquidez— y también la dirección de devolución de la garantía en Bitcoin. El prestamista, a su vez, informa su dirección de retorno del préstamo en Ethereum y también la dirección bitcoin donde recibir la garantía en caso de impago. Todo esto aún es precontrato.
  3. Creación de la garantía. Este es en realidad el eje central del contrato. Previo a la recepción del dinero, el prestatario transfiere la garantía (bitcoin) a un multifirma. Esto es importante: la garantía no se entrega al acreedor sino a una dirección de depósito común (escrow) en la que participan prestamista, prestatario y plataforma. Para mover fondos se necesitan  2 de 3 firmas según el evento (aunque se pueden definir otros umbrales). Un multifirma es un esquema de gasto —script en Bitcoin— que requiere un número determinado de participantes sobre un total que han construido el esquema: si hay tres, para liberar fondos son necesarias, por ejemplo, dos firmas con lo que por teoría de juegos los fondos están seguros. Tradicionalmente se exige separación entre gestora y depositario de los fondos, pero aquí no es necesaria porque los eventos de salida ya están preconfigurados en el multifirma. Jurídicamente esto, a mi modo de ver, es lo más parecido a una fiducia intervivos mancomunada: el prestatario transmite la propiedad de su bitcoin no un esquema de gasto compartido liderado por la plataforma con instrucciones irrevocables de disposición en determinadas circunstancias. La plataforma no puede hacer nada con ese bitcoin salvo ejecutar los eventos pactados (necesita a otro firmante); si el préstamo se devuelve, el bitcoin vuelve al prestatario, si hay incumplimiento o la garantía se deteriora, se ejecuta lo que técnicamente es una promesa de dación en pago sujeta condición suspensiva: el deudor consintió desde el principio, al prefirmar las transacciones en el momento de constitución del escrow, que en caso de impago la obligación se extinguiría mediante la entrega del Bitcoin. Esta configuración lo que aleja el mecanismo de la prohibición del pacto comisorio del art. 1.859 del Código Civil porque no hay apropiación arbitraria por el acreedor sino ejecución de un mandato irrevocable mancomunado del propio deudor a un tercero con valoración objetiva (precio de mercado) y devolución del exceso si el bitcoin en garantía vale más que la deuda.
  4. Entrega de los fondos por el prestamista. Construido el esquema de la garantía, el prestamista presta / entrega los fondos a la dirección fijada por el prestatario en la red seleccionada y, una vez confirmada la transacción —las blockchains son trazables—, copia el ID de la transacción y valida el préstamo en la plataforma. Prueba de la entrega sin intermediario a bajo coste y verificable 24/7 de forma redundante por cualquiera.
  5. Pago de la deuda. El prestatario puede pagar antes o al vencimiento, en la misma red en que recibió el USDT/USDC más los intereses. El proceso es el mismo que 4 pero de vuelta, el prestamista verifica el cobro y se libera la garantía.
  6. Impago — Liquidación. En caso de impago al vencimiento, o si la garantía cae por debajo de los umbrales mínimos de LTV (loan to value = garantía sobre el contrato), se liquida el contrato a través del mismo multifirma inicial y todo en una sola transacción prefirmada en el scrow. Ejemplo: pongamos que el límite de liquidación es el 85% del préstamo; si pedí 1.000 USDC al 10%, debo devolver 1.100 USDC y el valor mínimo del Bitcoin en garantía debe ser de 1.294 USDC (85%). Si el precio del Bitcoin cae y el colateral baja de ese umbral, se activa automáticamente la transacción prefirmada: la plataforma, como fiduciaria, transfiere al prestamista el bitcoin equivalente a la deuda pendiente y devuelve el sobrante al prestatario, excluidos los fees.

Todo un proceso muy estructurado por pasos y automático, muy similar al del RDL 5/2005 de garantía financiera para los instrumentos financieros. No hay ejecución judicial, no hay notario, no hay subasta y los costes de transacción son ínfimos lo que permite al capital, justamente, localizar su uso más prodcutivo. Eso es justamente lo que hace el sistema eficiente que indicaba el Sr. Cipollone.

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Mitades indivisas y concurso: la hipoteca también se divide.

Publicada el 27 marzo, 2026 por Mario Palomar Sarabia

La semana pasada pude leer dos resoluciones que para un catedrático de derecho civil del siglo pasado serían impensables. No digo que esté mal pero es raro ver como instituciones muy rígidas se van diluyendo. Me referiré en dos entradas, una de «deuda sin garantía» y otra de «garantía sin deuda». Por partes.

La resolución de la DGSFP de 27 de noviembre de 2025, publicada el 12 de marzo de 2026 (no entiendo la demora en publicación) sería la cara de «deuda sin garantía» porque aborda un supuesto, no tan poco habitual, en el que un cotitular de una finca entra en concurso y existe una hipoteca sobre la total finca. La STS 178/2025 sería la cruz de «garantía sin deuda» porque la hipoteca constituida por el hipotecante no deudor, no se extingue aunque se exonere la deuda cuyo cumplimiento aseguraba (siguiente entrada).

Desde la perspectiva económica la hipoteca no tiene mucho misterio. Las entidades financieras cuando prestan dinero a dos o más adquirentes para la adquisición de un inmueble, constituyen una garantía (hipoteca) sobre la total finca de modo que si el deudor/es dejan de atender la obligación de pago pueden dirigirse contra el bien. Si hay varios titulares del inmueble las entidades exigen que todos ellos consientan en constituir la hipoteca que gravará la finca para, de este modo, asegurar el cobro contra el bien con independencia de los titulares y/o deudores que hayan, o de las transmisiones que ocurran respecto del bien, etc. Son reglas de eficiencia básicas. Esta evidencia económica es lo que en derecho se ha venido a denominar la «indivisibilidad de la hipoteca» recogida en el art. 125 LH y 217 del RH. La indivisibilidad de la hipoteca, dice la resolución «supone que la misma (sic! hipoteca) persiste integra e idéntica, aunque el crédito o la finca posteriormente se dividan o, aunque se extinga la comunidad entre los titulares, salvo que así lo acuerden acreedor y deudor procediendo a la distribución de la garantía» vamos, que la hipoteca es inmune a las vicisitudes del crédito o de la titularidad del bien, salvo conformidad de la entidad financiera, pudiendo el acreedor dirigirse contra el bien para el cobro de su deuda pese al cambio de titular.

El art. 225.1 TRLC por su parte indica que, en concurso, tras la venta «se acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales.» La contradicción es clara, mientras no hay concurso la venta del bien no afecta a la hipoteca (125 LH) pero si se vende en concurso se ordena la cancelación de la hipoteca (225.1 TRLC).

La resolución resuelve la contradicción acordando que le Ley Concursal es ley especial y por tanto se debe acordar la cancelación de la hipoteca sobre la mitad (o la cuota que sea) que se haya realizado dentro del concurso porque en el concurso se vende «libre de cargas«.

La claridad (algo que me gusta de la doctrina registral) es meridiana en el párrafo final «la adquisición por el mejor postor de la mitad indivisa del concursado implica que la garantía hipotecaria pase a recaer únicamente sobre la otra mitad indivisa de la finca, si bien, como consecuencia de la subasta y por la necesidad de armonizar ambas normativas, quedará minorada la responsabilidad hipotecaria en la cantidad correspondiente al remate, si consta su entrega al acreedor hipotecario, y ello sin perjuicio de las relaciones internas entre codeudores.» Es decir:

  1. Tras la realización de la mitad (o la cuota que el concursado tenga) se cancela la hipoteca sobre esa cuota transmitida.
  2. La restante mitad (o la cuota que sea tras las realización) sigue respondiendo del total de la deuda sin perjuicio de la minoración de la hipoteca por el importe remate aprobado (siempre que conste la entrega al acreedor).
  3. Ello sin perjuicio de la relación entre los codeudores (acción de regreso)

La cuestión en lo económico tiene su miga. Imaginemos un matrimonio titular de un inmueble hipotecado donde cada uno ostenta el 50%. El valor del inmueble es de 20 y la hipoteca de 16.

  • Uno de los cónyuges se declara en concurso y se realiza en subasta su cuota del 50%. Previsiblemente el precio obtenido no será la mitad del valor razonable por la tasa de descuento de la indivisión y de no tener la posesión, pongamos que compra por 5 (la mitad de 10, es decir, un descuento del 50%).
  • El adquirente conforme a la doctrina de la DGSFP tendrá el bien libre de cargas.
  • El cotitular pasará a responder con su mitad de todo lo no pagado 11 (16-5).
  • Imaginemos que luego se pide la división de la cosa común por el adquirente y se vende por 20 en subasta porque aquí sí, se vende la total finca, no hay descuento.
  • El nuevo cotitular post concurso cobra 10 porque su mitad no respondía de nada, con un beneficio de 5 (10-5).
  • El cotitular originario  cobrará «0» porque su mitad responde de 11 (16-5) y como le tocan «sólo» 10, sigue debiendo 1 (si es que era deudor del contrato principal).
  • Además, como el crédito será ordinario o subordinado, se exonerará para entre los deudores con lo que no le podrá reclamar nada.

Es cierto que al cotitular le queda el retracto entre comuneros pero si no dispone de capacidad de pago, será complicado. Esta remodelación de la indivisibilidad permite realizar comportamientos o planificaciones previas a la declaración de concurso, o de garantías contextuales, donde se pueden producir asimetrías muy importante entre el precio de venta y las cuotas de propiedad o de deuda.

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Exoneración del crédito público subordinado. STS 436/2026 falta de la debida justificación

Publicada el 3 marzo, 2026 por Mario Palomar Sarabia

En esta tercera entrada sobre las sentencias del Tribunal Supremo en materia de exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) abordaré la STS 254/2026 en la que el Tribunal Supremo ha fijado los umbrales de exoneración sobre el crédito público.

El «derecho» a tener un proceso que permita la exoneración de las deudas es un mandato comunitario incluido en la Directiva 1023/2019 (art. 20). Al ser un derecho si los estados no transponen una directiva en plazo, los ciudadanos de ese estado miembro pueden exigir los derechos de la directiva (p.ej. STUE de 11 de abril de 2024) ante los tribunales. Esta especialidad, el origen legal supranacional y las reglas propias del derecho comunitario es lo que habilita al Tribunal Supremo a poder modificar la Ley 16/22 para encajarla con el contenido de la directiva. Para esta tarea las premisas serían las siguientes:

  1. La Unión Europea a través de la Directiva 1023/2019 ha entendido que los empresarios insolventes o sobreendeudados que hayan actuado de buena fe o de forma honesta, deben poder disfrutar de la plena exoneración de sus deudas después de un período de tiempo razonable, lo que les proporciona una segunda oportunidad. (considerando 1 y art. 20)
  2. La UE, además, tiene un mercado interior único y las legislaciones tienen que ser parecidas (salvando las particularidades de cada país). Con ello se  garantiza un régimen de derechos y libertades similar a todos los ciudadanos de la UE. También la norma debe garantizar la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento.
  3. El principio de primacía del derecho de la unión europea hace que las normas nacionales no pueden ser contrarias al derecho de la UE justamente para garantizar lo anterior.
  4. Aunque la directiva era sólo para empresarios, el legislador nacional escogió ampliar el régimen a todos los deudores, empresarios y no empresarios.
  5. El juez nacional, cualquiera que sea la instancia, debe encajar las normas nacionales dentro del derecho de la unión de modo que, si una norma nacional se separase del contenido de la directiva, se inaplica la norma nacional por la jerarquía normativa.
  6. La directiva ya establece unas conductas (donde todos los estados están conformes) que permiten denegar el acceso a la exoneración que serán recogidas en todos los estados miembros.
  7. Además de esas conductas, se permite a los estados miembros que establezcan otras restricciones adicionales siempre que estén «debidamente justificadas» de modo que no vacíen el mandato de la directiva.

La STS 254/2026 se plantea si la restricción adicional del crédito público introducida por la Ley 16/22, que no aparece en ninguna de las conductas del art. 23 de la Directiva, está  «debidamente justificada» para lo que efectúa el análisis del doble plano de la STJUE de mayo de 2024 (ver entradas anteriores) y, además, un triple análisis:

  • El objetivo legítimo que persigue la medida adicional. Aquí entraría la mención a de «una sociedad justa y necesaria» que se financia a través de los impuestos de la exposición de motivos, pero parece poco para restringir un derecho.

  • Que la medida es idónea y necesaria, es decir, que no existen medidas menos restrictivas o gravosas que permitan conseguir el mismo resultado.

  • Y la proporcionalidad de forma que las cargas adicionales impuestas a particulares no resulten desmesuradas en relación con el objetivo de la directiva: el derecho a la exoneración.

Para resolver la cuestión la Sala de lo Civil aborda el análisis del art. 31 CE y la Ley 58/2033 General Tributaria (LGT) llegando a la conclusión de que «la justificación debida, que lleva a un trato privilegiado del crédito público frente a otra clase de créditos, al excluirlos parcialmente de la exoneración de deudas del concursado, en un contexto concursal tiene sentido en nuestro derecho propio respecto de los créditos privilegiados y ordinarios, pero no respecto de los créditos subordinados.» La razón parece clara, los créditos de peor rango (subordinados) no está justificado que tengan un tratamiento mejor que los ordinarios en materia de exoneración y que eso, además, respete la finalidad de la directiva. Es decir, si en un convenio o liquidación concursal se ha entendido que los subordinados no cobran hasta que lo hayan hecho los ordinarios, carece de sentido mejorarles el rango en la exoneración cuando seguro que ya nadie cobrará. De nuevo los automatismos, porque  la frase en la exposición de motivos ha sido suficiente para Juzgados y Audiencias mayoritariamente denieguen la extralimitación de la directiva cuando ejercían de jueces comunitarios.

Al final, con este criterio, se persigue que se pague el impuesto (principal), lo que tiene más sentido que obligar a pagar todo con recargos la 20% e intereses de demora de años que lleva a una bola de nieve imposible para muchos y que, sin duda, frustra el derecho de la directiva a la exoneración (una aproximación a la proporcionalidad bastante adecuada). Lástima que haya tenido que llegar al Supremo más de 3 años después de la aprobación de la Ley 16/22 y con los efectos de cristalizados en muchos procesos, porque el criterio contrario era muy minoritario.

Insisto en el camino que debe hacerse para analizar la restricción adicional porque el juez nacional (cualquiera que fuera la instancia) puede reinterpretar la cuestión bajo la normativa comunitaria. Por ejemplo, un juez nacional a la luz de la directiva, podría indicar que los ordinarios tampoco están debidamente justificados, porque unos sí que se exoneran (v.gr. ordinarios de proveedores) mientras que otros con el mismo rango no (v. gr. créditos públicos ordinarios), pudiendo argumentar qué sentido tiene un trato diferencial entre ordinarios cuando desde el 2003 con la Ley Concursal se decidió privilegiar sólo el 50% del crédito público excluidos recargos y sanciones. Los que, paradójicamente, nos llevaría al criterio anterior a la reforma.

Lo que ahora ya es un hecho es que el legislador nacional transpuso mal y precipitadamente la directiva, sin debate parlamentario adecuado por el trámite de urgencia y con rechazo sistemático de las enmiendas (ver primera de las entradas) afectando este modo de proceder a ciudadanos que o han perdido el acceso a la exoneración indebidamente o han tenido una limitación que, con la misma norma, otros no tendrán.

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(EPI) Exoneración: sanciones graves y muy graves de la AEAT. STS 18/02/26 la mala fe se presume en sanciones muy graves

Publicada el 26 febrero, 2026 por Mario Palomar Sarabia

En esta segunda entrada abordaré la STS 259/2026 (y otras en el mismo sentido) relativa a la restricción de la exoneración por la existencia de sanciones graves o muy graves de la AEAT dentro de los 10 años anteriores a la solicitud de la exoneración.

Creo que es poco controvertido que desde la reforma de la Ley 16/2022 la valoración de la buena fe del deudor la establece principalmente la AEAT y en menor medida la TGSS. Pudiera tener sentido que los organismos públicos emitieran informe preceptivo pero no vinculante y dejar a  valoración judicial la concurrencia de la buena fe del art. 486 TRLC, sin embargo el legislador (sic! el ejecutivo por la vía parlamentaria seleccionada y el rechazo sistemático de todas las enmiendas) ha delegado en sus propias administraciones una potestad cuasi jurisdiccional, porque con la oposición de la AEAT el juez no tiene mucho margen de maniobra. Este modelo, a mi modo de ver,  tergiversa las reglas porque traslada a un actuario, que es ajeno a la mecánica procesal y concursal, la valoración de la buena fe concursal.

En cualquier caso, la viabilidad de la restricción del acceso a la exoneración por la existencia de sanciones tributarias graves o muy graves, tiene la misma estructura que en el caso de las derivaciones. Muy esquemáticamente sería lo siguiente:

  1. El acceso a la exoneración de las deudas se prevé para los deudores de buena fe (art. 486 TRLC).
  2. El art. 487 TRLC, según la Exposición de motivos, objetiva esa buena fe a través de la no concurrencia de una serie de conductas que presumen la buena fe.
  3. El art. 23 de la Directiva 1023/2019 autoriza a los estados miembros a establecer restricciones adicionales al acceso a la exoneración siempre que estén «debidamente justificadas».
  4. La debida justificación es un mandato al legislador nacional para que motive porqué endurece el régimen de forma distinta de otros estados miembros, alterando las reglas del mercado único. Para ello hay dos planos según el TJUE: primero por los trabajos preparatorios de la norma que traspone la directiva (exposición de motivos, trabajos parlamentarios, etc.) o, alternativamente, la existencia de justificaciones en la propia normativa vigente.

Así como en derivación el Tribunal Supremo no encontró justificación debida desde ninguno de los dos  planos (ver entrada anterior aquí) sin perjuicio de la cláusula general del 486 TRLC, en materia de sanciones muy graves (sic! de las graves la sentencia sorprendentemente no resuleve) la sentencia indica que sí está «debidamente justificada» por la presunción de uso de medios fraudulentos en la normativa tributaria. Es decir, que la justificación está en norma preexistente. Querría hilar un poco fino en este punto, porque el Tribunal Supremo, con todos los respetos y sólo a efectos de debate jurídico, no está viendo la casuística real.

Comparto, como apunta la sentencia, que está debidamente justificado la restricción adicional respecto de las sanciones muy graves cuando concurren medios fraudulentos. Por ello sería una restricción justificada la del art. 191.4 LGT «dejar de ingresar» y emplear medios fraudulentos para ello, la del art. 192.4 LGT «incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta las declaraciones” con medios fraudulentos y la del art. 193.4 LGT  “obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo” a través medios fraudulentos. Ahora bien, la mayoría de las sanciones muy graves que me encuentro como restricción a la exoneración son las del párrafo 2º del 191.4 LGT que dice

«La infracción también será muy grave, aunque no se hubieran utilizado medios fraudulentos, cuando se hubieran dejado de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, siempre que las retenciones practicadas y no ingresadas, y los ingresos a cuenta repercutidos y no ingresados, representen un porcentaje superior al 50 por ciento del importe de la base de la sanción.”

Éste era, a mi modo de ver, el núcleo de la cuestión que no se aborda y que representa una oportunidad perdida de devolver a los jueces la función jurisdiccional. Me explico, la restricción a la exoneración por emplear medios fraudulentos (irregularidad contable, documentos falsos, persona interpuestas, etc.) encaja claramente  con el mandato del art. 486 TRLC. Sin embargo, no ingresar una retención sin emplear medios fraudulentos (muy frecuente en entornos de insolvencia) se califica como «muy grave» y veda el acceso a la exoneración, y esto, a mi modo de ver, no está «debidamente justificado». Responde más a un mero automatismo tributario trasladado al ámbito de la exoneración.

Es frecuente que el empresario, en entornos próximos a la insolvencia, deje de pagar las nóminas y la gestoría declare la retención, otro tanto ocurre con los arrendamientos y los profesionales (famosos modelos 110, 111 y 115). No digo que esté bien, porque la retención de «0» debiera ser «0», pero cuando se está cayendo una empresa, estas cosas pasan (muy a menudo) y no hay ánimo de apropiarse de nada. Es más, puede ser incluso un embargo que elimine la tesorería y que no se puedan ingresar las retenciones, no hay nada de fraudulento, pero el juez nunca lo podrá valorar por la «objetivación» del art. 487 TRLC. Lo que se pretende, a mi juicio, es educación legislativa: «si no se ingresan las retenciones, no hay exoneración» y eso encaja mal con la debida justificación de la directiva para separarse del criterio común en el mercado único europeo.

En mi experiencia más del 90% de las restricciones la exoneración por sanciones muy graves son por estas retenciones, no por el uso de medios fraudulentos, luego la traslación que está haciendo la sentencia es por casos que no aplican. De ahí que debiéramos dejar a los jueces valorar la conducta, sin perjuicio del informe que señalaba por los organismos públicos, para que determinen la concurrencia del art. 486 TRLC.

Incluso la Directiva en el considerando 79 establece una secuencia que ayudaría a determinar la buena fe indicando que «las autoridades judiciales o administrativas pueden tener en cuenta circunstancias como las siguientes:

  1. La naturaleza y el importe de la deuda;
  2. El momento en que se ha contraído la deuda;
  3. Los esfuerzos realizados por el empresario para abonar la deuda y cumplir con las obligaciones legales, y la exigencia de llevar una contabilidad correcta;
  4. Las actuaciones, por parte del empresario, para frustrar las pretensiones de los acreedores;
  5. El cumplimiento de las obligaciones en caso de insolvencia inminente que incumben a los empresarios que sean administradores sociales de una sociedad;
  6. El cumplimiento de la normativa de la Unión y nacional en materia de competencia y en materia laboral.
  7. También deben poder establecerse tales excepciones cuando el empresario no haya cumplido determinadas obligaciones jurídicas, incluida la obligación de maximizar los rendimientos para los acreedores, que podría adoptar la forma de una obligación general de generar ingresos o activos.»

Parece bastante alejado del modo en que estamos abordando la cuestión. Ojo, porque el juez nacional al interpretar el derecho comunitario, hace de juez comunitario y ahí no está sujeto a la doctrina del Tribunal Supremo del mismo modo que con en el derecho interno por el principio de efecto directo. Con lo que, igual, alguien lo vea como apunto resuelva de otro modo o presente una cuestión prejudicial.

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