Segunda oportunidad: inclusión del crédito tributario en el plan de pagos. La deuda de la AEAT se debe incluir en el plan de pagos que aprueba el juez.

El tratamiento de los créditos públicos en los casos de exoneración de pasivo (remisión de deuda / segunda oportunidad) será uno de los aspectos esenciales a dilucidar en los próximos dos años. La cuestión se resume en lo siguiente ¿el crédito público (deudas de la AEAT / TGSS) se incorporan al plan de pagos que aprueba el juez o hay que negociarlas individualmente con cada organismo? Todos sabemos que lo segundo es francamente complicado.

Esta dificultad de interpretación no es nueva (la he tratado aquí, aquí y aquí) y entiendo que responde a un deliberado tratamiento ambiguo (imagino que por cuestiones políticas y presupuestarias). Es imposible que en la comisión de codificación con los miembros que la integran no haya tenido conocimiento de la cuestión que se ha tratado en muchos libros y artículos. En cualquier caso, la dificultad resulta de lo siguiente:

  1. La ley prevé un régimen de exoneración de deudas cumpliendo los requisitos 1º a 4º del art. 178.3 BIS LC. Se ha denominado exoneración “definitiva revocable“. Esta categoría es para los deudores que pueden pagar íntegramente los créditos contra la masa (gastos del proceso)  y los créditos concursales privilegiados (la mitad del crédito público aproximadamente). A estos se les exonera todo incluyendo una parte de los créditos públicos.
  2. La limitación para no exonerar el crédito público, si uno se fija detenidamente, está en el 178 bis 5 LC y dice que “el beneficio de exoneración del del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previsto en el número 5º del apartado 3 se extenderá (…)“. Es decir, que sólo aplica a los que no han pagado los masa y privilegiados.Para éstos y sólo estos, se exceptúa los créditos de derecho público. De otro modo, la mención a los deudores del número 5º (que son los “alternativos”) no tendría sentido y debería aplicar a todos.
  3. Luego, el apartado 6 del art. 178 BIS LC, haciendo referencia al “apartado anterior” es decir al 178 bis 5 LC se refiere, sólo, a los deudores del 178 bis 3.5º LC; y para éstos señala que los que no han podido pagar los créditos masa / privilegiados, deberán pagar las deudas que no queden exoneradas (crédito público) dentro de los cinco años, salvo que tuvieran un vencimiento posterior. A tal efecto, el deudor deberá presentar un plan de pagos que será aprobado por el juez.

La redacción es alambicada pero coherente; si a los primeros que pudieron pagar todo el crédito masa (gastos del procedimiento) y privilegiados (50% del créditos público aprox.) se les exonera todo, no tiene sentido hacer más regulación, por eso no se vuelve a hablar de ellos. Es decir, que pagados esos umbrales se extinguen el resto de los créditos, con independencia de su naturaleza pública o privada. Lo que no vale es extrapolar a todos un régimen previsto sólo para una categoría (los del 178 bis 3 5º LC) que son los que no han podido pagar el umbral mínimo.

Sólo aquellos que no han podido pagar esos umbrales legales (alternativamente, dice la Ley) tienen un segundo mecanismo: el del “plan de pagos“. Pues bien, en este plan de pagos debe incluirse todo el crédito no exonerable (lógicamente incluido el crédito público) y es el juez quien lo debe aprobar. Y, a mi entender, esto responde a lo siguiente:

  1. Esencialmente por los argumentos dados por la SAP de Palma de Mallorca mediante sentencia de 21 de septiembre de 2016 que vale la pena leer por su claridad y desarrollo lógico donde incluye el crédito público en el plan de pagos.
  2. El art. 178 bis 6 LC dice que las deudas no satisfechas (incluido el crédito público) deberá ser satisfechas en el plazo de 5 años. Además, el párrafo segundo se inicia con “a tal efecto..” que significa “lo que se acaba de mencionar“. Por tanto, para cumplir con el mandato de elaborar un plan de pagos deberá incorporarse el todas las deudas no exoneradas, lo que incluye el crédito público.
  3. El plan de pagos, que necesariamente hay que presentar, dice también el art. 178 bis 6 LC que “será aprobado por el juez“. Con lo que es necesaria una resolución judicial. Bien, si el único crédito no exonerado a los que no pudieron pagar los umbrales (masa y privilegiados) es un crédito público (muy frecuente) y éste no está incluido en el plan de pagos es imposible ni presentar ni aprobar el plan. P.ej. Autónomo que adeuda 10.000 € a la AEAT por IVA de su anterior actividad y ningún otro privilegiado. Si excluimos este crédito la condición es imposible: hay crédito no exonerado que debiera pagarse en 5 años pero no se puede incorporar al plan; esto es ilógico. Esto es un claro ejemplo de “non liquet” donde el tribunal, a la pretensión del plan de pagos efectuada por el deudor, tiene que dictar una resolución (la ley dice aprobará) conforme al art. 11.3 LOPJ sin que pueda evitar resolver lo que la Ley dispone.
  4. La ley dice que respecto a los “créditos de derecho público“, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica. Yo entiendo que “tramitar” y “aprobar” son dos cuestiones muy distintas. La primera es “hacer pasar los negocios por los trámites debidos” lo que se refiere a una cuestión de procedimiento únicamente para que la AEAT pueda someter a su normativa e informática lo resuelto por el juez. Por el contrario, “aprobar” se refiere a “clarificar o dar por bueno o suficiente algo“. Mientras que el único que puede aprobar el plan de pagos es el juez, la tramitación es lo que compete a la AEAT. Por eso decía lo de alambicado pero coherente.

Todo lo anterior, además, ha sido resuelto por le juzgado de primera instancia 50 de Barcelona, con acierto a mi juicio, incorporando el crédito público (en su totalidad incluyendo los recargos) en el plan de pagos y señalando, expresamente, cómo deben pagarse esos créditos. En el caso habían masa (gastos de procedimiento) y privilegiados (AEAT) y señala un pago mensual a prorrata de cada uno de ellos en el plazo de 1 año. Veremos si la abogacía del estado recurre la decisión.

 

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