Sociedades, concurso, liquidación y extinción.

Vuelvo a escribir tras casi 2 meses desde la última entrada. Sinceramente, me bloqueé. Los comentarios de gente que admiro (y eso que eran positivos) me dejo atenazado. Quizá tenga mejores o peores entradas en el futuro pero peor es no hacer nada. Así que, nada, seguimos.

Escribo sobre este asunto porque nos encontramos a menudo y porque, a mi juicio, tendría una solución relativamente sencilla. Me refiero a la “cancelación” de las sociedades a que se refiere el art. 178 LC por falta de activo (art. 176 BIS LC) y a los efectos de esa declaración sobre las relaciones jurídicas que tenga pendientes.

Fuera de la insolvencia, cuando los socios de una entidad deciden no continuar (por el motivo que sea) acuerdan la disolución (art. 368 LSC) y se abre el periodo de liquidación. En éste, se harán líquidos (dinero) los activos y se pagarán las obligaciones de la sociedad por las reglas de los arts. 383 y siguientes LSC, el sobrante, de existir, se distribuirá entre los socios. Relativamente sencillo.

En concurso cuando la compañía no puede aprobar un convenio o simplemente no quiere continuar se abre la fase de liquidación (art. 142 y siguientes LC). La liquidación de la empresa en concurso, conforme al art. 372 LSC, se rige por las disposiciones de la ley concursal. Teóricamente, esta liquidación concursal opera de modo  parecido a la societaria pero con la especialidad de que el plan de liquidación para la realización del activo lo aprueba el juez (pudiendo participar los acreedores) y con una prelación de créditos distinta a la general del código civil (arts. 154 y siguientes LC).

POST-11A pesar de lo anterior, es relativamente frecuente que las compañías lleguen al concurso sin activo: “peladas”. Esto ocurre, por ejemplo, porque la AEAT, TGSS, los acreedores, trabajadores, etc. ya han ejecutado y embargado los activos (maquinaria, créditos,  cuentas, etc.); porque el activo sin actividad no vale nada en mercado (p.ej. empresa de servicios que sólo tienen ordenadores y mesas), porque se ha vendido antes del concurso para pagar a los trabajadores, etc. Lo cierto es que como el concurso es para pagar a los acreedores (romanos V de la EdM LC) y se sabe que no será posible porque no hay activo, no tiene sentido tramitarlo siquiera. Por eso, la Ley 38/2011 introdujo el 176 BIS LC. Hasta ahí tiene sentido. Los acreedores, además, tras el archivo, tienen las acciones de responsabilidad a salvo para, en su caso, tratar de resarcirse.

Básicamente, el art. 176 BIS LC, faculta al juez para que verificada la inexistencia de bienes, de acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros, declare y archive simultáneamente el concurso con los pronunciamientos del 178 LC. Aquí viene lo importante porque El art. 178.3 LC indica que “La resolución judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa del deudor persona jurídica acordará su extinción y dispondrá la cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme.” Es decir, se “da de baja la sociedad” pero nada se dice sobre el cese de administradores, o sobre las relaciones jurídicas que tuviera. También hay un efecto práctico consistente en la “extinción de la deuda” pero esto sólo se dice en los foros y ponencias para introducir la llamada segunda oportunidad, si las sociedades pueden ¿por qué las personas físicas no? suele apuntarse.

Sería mucho más sencillo que el 178 LC señalase también que la resolución que declara y archiva el concurso indicará que los administradores de la sociedad quedarán cesados o, mejor aun, que quedarán convertidos en liquidadores a los únicos efectos de “terminar” y representar al deudor en las relaciones jurídicas que tengan pendientes. De este modo se tendría cierto control y posible seguimiento por los acreedores, AEAT, etc.

Además, y esto sería lo más importante, la resolución de declaración y archivo de concurso (como el deudor no se ha opuesto) implica la aceptación de la liquidación. Por este motivo debería incluirse un pronunciamiento de vencimiento anticipado (como el del 146 LC) de los contratos para poder resolver las relaciones jurídicas evitando ineficientes resoluciones, reclamaciones,  devengos de intereses de demora, penalizaciones, etc. que, quizá, el avalista sufrirá cuando además, éste, no puede formalmente resolver la obligación en la que no es más que garante.

Pensemos, el caso es real, que una sociedad que presenta concurso y se lo archivan. Tenía un préstamo con una entidad financiera de la que es responsable un tercero hipotecante no deudor. Su interés será que el contrato se resuelva cuanto antes pues con la “cancelación” del art. 178.3 LC propiamente no se produce el vencimiento anticipado, éste  exigirá la declaración de la parte in bonis y que a saber cuándo se producirá. Caos. Pensemos, también es real, que queda algún posible activo pero que no justifica la “sangría” de créditos contra la masa (juzgado mercantil de Alicante dixit) porque es dudoso pero que vale la pena intentar la acción para satisfacción de los acreedores (p.ej. reclamación de indemnización de contrato de agencia de la concursada).

Todo esto, en suma, plantea importantes problemas de legitimación. Por eso, si ya sabemos que el deudor es insolvente y que no tiene activos, qué cuesta aprovechar la resolución para resolver las relaciones jurídicas y designar al administrador / liquidador a los únicos efectos de representar a la masa patrimonial del art. 7.5 LEC (sin activo) en los procedimientos / contratos para agilizar los trámites.

Esto evitaría pronunciamientos contradictorios del Tribunal Supremo señalando la falta de legitimación de la sociedad extinguida (conforme al art. 6 LEC) y la correcta legitimación pasiva de una sociedad extinguida y cancelada (conforme al art. 6 LEC) en menos de 12 meses. O frases excesivamente voluntaristas como la sentencia la audiencia provincial de Barcelona de 16 de febrero de 2015 que sólo puede entender alguien que se dedique al concursal al señalar que “(…) en definitiva, la extinción de la persona jurídica no ha de suponer un obstáculo, como sostiene la recurrente, para iniciar ejecuciones contra la concursada o para cerrar acuerdos dirigidos a la liquidación de todo el haber social. Los administradores o liquidadores de la sociedad deberán hacer un uso responsable de esa personalidad jurídica residual hasta la completa extinción de todas sus relaciones jurídicas.” lo que no me explico es cómo se hace ese uso de la “personalidad jurídica residual” si ni siquiera te han designado y han cancelado la sociedad.

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5 respuestas a Sociedades, concurso, liquidación y extinción.

  1. Laura Liarte dijo:

    Hombre!! El blog ha vuelto por San Juan! Interesante post.

    Laura Liarte

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