Responsabilidad de administradores por no disolución y concurso de acreedores

La reforma de la Ley Concursal (LC) operada por la Ley 38/2011 introdujo el art. 51.bis.1 LC que, en esencia, suspende la facultad de los acreedores de dirigirse contra los administradores para tratar de que éstos pagasen sus créditos por la acción de no disolución en los casos de pérdida patrimonial grave (fondos propios < al 50% del KS). La finalidad del artículo tiene sentido si el concurso es de continuidad y el órgano de administración debe seguir al frente de la entidad. En caso de convenio el efecto novatorio del crédito (art. 135 LC) daría lugar a que ya no se pueda reclamar a falta de ser líquido, vencido y exigible.

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El art. 48 quater, también introducido por la Ley 38/2011, señala que la legitimación para acciones contra los administradores (declarado el concurso) corresponde, exclusivamente, a la administración concursal. Entiendo que esta remisión, en realidad, excluye la acción por parte de la administración concursal de no disolución por pérdidas que hayan dejado el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social. Y lo entiendo así por motivos eminentemente prácticos, (i) determinada la fecha de la concurrencia del momento de la pérdida patrimonial grave, si la administración interpone la acción la pone sólo por los créditos posteriores defendiendo a unos acreedores exclusivamente, (ii) si la sentencia condenase el importe, en realidad, sería únicamente para éstos acreedores no para la masa activa por congruencia con el fallo y (iii) porque el fundamento de la responsabilidad es distinto que el del 172 bis LC luego el destino del dinero que se obtenga no puede ser para otros acreedores que no tenían esta acción.

En resumen, que no siendo viable la demanda por esta causa en el concurso habrá que esperar al fin del concurso (cumplimiento de convenio o conclusión tras la liquidación 152 LC o 176 BIS LC) para poder interponer la demanda, siempre sin demandar a la sociedad para evitar problemas de legitimación pasiva dada la extinción de la personalidad jurídica por el auto de conclusión y la creciente tendencia a considerar que carece de legitimación ad procesum. Algún autor esta defendiendo incluso la extinción de la acción con la conclusión del concurso y extinción de la sociedad.

Dado que, en mi opinión, se demanda poco pasado tanto tiempo en estas situaciones los administradores tienen un motivo más para acudir al concurso en defensa de su patrimonio respecto de los acreedores.

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